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PARIS.- El caso de la francesa Florence
Cassez, condenada en México a 60 años de cárcel como cómplice de
secuestro tras unos polémicos detención y proceso, ha desatado un
conflicto diplomático -hay quien habla de "asunto de Estado"- entre los
dos países, justo en el comienzo del año de México en Francia, un
conjunto de actos culturales y exposiciones en París y otras ciudades
francesas.
Si en los últimos días el Gobierno francés se planteaba la posibilidad de boicotear los actos, e incluso suprimirlos, ayer el presidente francés, Nicolas Sarkozy, decidió seguir adelante con las celebraciones, aunque renovó su petición de que Cassez le sea entregada. Sin embargo, las autoridades mexicanas han decidido retirarse de la organización en vista de las declaraciones del presidente francés sobre el asunto.
"A
la luz de las declaraciones del presidente Sarkozy, el Gobierno de
México considera que no existen las condiciones para que el año de
México en Francia sea celebrado de manera apropiada y que se logre el
objetivo con el que había sido concebido", reza un comunicado emitido
anoche por el Ministerio mexicano de Exteriores, que añade que
"desgraciadamente, el Gobierno de México no está en la posibilidad de
participar en estas actividades".
Ayer,
tras varios días de polémicas, Sarkozy anunciaba su decisión de
mantener las celebraciones del año de México pero con condiciones. Todos
los actos "se dedicarán a Florence Cassez. En cada reunión o en cada
acto en el que participe un miembro del Estado francés, este dedicará su
intervención a recordar el problema de Cassez. Yo mismo lo haré", dijo.
Sin embargo, la frase que ha debido soliviantar los ánimos de los
mexicanos ha sido la de que "una cosa es el pueblo mexicano, del que
somos amigos, y otra son ciertos dirigentes". Además, reiteró la
petición de que la detenida sea entregada a Francia. México reiteró ayer
que no tiene intención alguna de entregar a Cassez y defiende que "el
proceso a Florence Cassez ha probado su culpabilidad", señala el
comunicado del Ministerio de Exteriores.
Hoy,
en una emisora de radio el ministro francés de Cultura y Comunicación,
Frédéric Mitterrand, ha lamentado la decisión de México. "Desde el
momento en que ya no se trata solo de un asunto cultural sino de un
asunto de Estado, corresponde al Estado y por tanto al presidente de la República,
decidir qué debe hacer". Tras responsabilizar a México de hacer del Año
cultural un asunto de Estado, asegura que "Francia no abandona nunca a
sus residentes. Es el caso de Florence Cassez, sobre el que debemos
decir que su proceso se ha desarrollado en condiciones sospechosas".
El
embajador mexicano en París, Carlos de Icaza, ha intentado aplacar la
polémica recordando hoy en una rueda de prensa que su país sigue
dispuesto a participar si se respetan "las condiciones acordadas". Eso
sí, advirtió de que "si de forma unilateral, sin consultar, se cambian
las condiciones" y se dedica el Año de México a "una persona que ha sido
juzgada y condenada por delitos particularmente graves", el país azteca
se vería en la "imposibilidad de participar" en los eventos.
Detención en directo
El
caso de Florence Cassez estalló el 9 de diciembre de 2005. Ese día, un
programa de máxima audiencia emitió en directo una intervención policial
en la que los agentes irrumpían en una casa, liberaban a tres
secuestrados y detenían a los dos secuestradores, un mexicano y su
pareja, la francesa Florence Cassez. Al poco se demostró que las
imágenes de la detención eran un montaje organizado entre la policía y
varios reporteros, de hecho la francesa había sido detenida un día antes
y se la hizo figurar en la representación. Posteriormente los
secuestrados han ido cambiando sus declaraciones. Pese a todo, la
justicia mexicana considera que Cassez sabía a lo que se dedicaba su
novio -un tal Israel Vallarta-, la acusa de cómplice y la condena a 60
años de cárcel, 20 por cada secuestro. Ella niega saber nada del asunto y
mantiene su inocencia.
La
semana pasada, los jueces mexicanos confirmaron la sentencia y la
condena. Ya no hay recurso posible. Sin embargo, el presidente Sarkozy
sigue empeñado en repatriar a la ciudadana. Ayer recibió a los padres de
la mujer, de 36 años -ya lo ha hecho 10 veces- y renovó su petición de
que Cassez sea trasladada a una cárcel francesa "por razones
humanitarias y porque existen unas convenciones internacionales que hay
que cumplir".
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