
Madrid, (EFE).- La junta de fiscales de la Audiencia Nacional ha
mostrado hoy su "malestar, preocupación" eindignación ante la decisión
de suprimir los escoltas tanto a ellos como a los jueces de este
tribunal, y ha advertido de que, pese al cese de la actividad de ETA, la
amenaza terrorista sigue existiendo.
En un comunicado, los fiscales rechazan la medida de Interior y
aseguran que la banda terrorista no se ha disuelto, ya que, tal y como
señalan los últimos informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ETA
continúa desarrollando su actividad con labores de captación,
sustracción, falsificación de documentos y sigue teniendo abundante
cantidad de armamentos y explosivos.
Asimismo, los representantes del Ministerio Público de la Audiencia
Nacional se han mostrado críticos con la decisión de mantener el
personal de seguridad para políticos y exaltos cargos, "cuyas acciones
se muestran en ámbitos ajenos a la lucha antiterrorista", lo que, a su
juicio, indica que al establecer "prioridades de protección se han
valorado criterios que poco tienen que ver con el riesgo real de cada
persona".
Han defendido además que el servicio de escoltas resulta
"imprescindible" para el desempeño de sus funciones y han advertido de
que la desprotección anunciada compromete "gravemente" sus condiciones
de trabajo.
"La adecuada protección de quienes investigan, acusan y enjuician a
las más graves formas de criminalidad es una condición imprescindible
para reducir el riesgo personal y las amenazas que provienen de las
organizaciones investigadas y que en el pasado, desgraciadamente, han
venido atentando contra nuestros compañeros", destaca el comunicado.
Entienden que además del terrorismo de ETA existe la amenaza derivada
de las organizaciones criminales cuyas actividades se investigan en
este tribunal, por lo que aseguran que "una posición de vulnerabilidad
por parte de los que deben protagonizar dicha lucha no hará sino
debilitarla".
Esa debilidad sería aprovechada por los terroristas, según los
fiscales, que añade que la sociedad terminará "sufriendo con costes
mucho mayores que los que ahora se trata de evitar".
No obstante, los fiscales se confiesan "plenamente conscientes" de la
situación económica que atraviesa España, que, en su opinión,
justificaría una racionalización y ajuste del servicio de seguridad
"para optimizar los recursos", pero creen que "en ningún caso" que se
suprima una protección "esencial".
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