Las manifestaciones contra el deterioro de la economía y los
problemas de inseguridad en la polarizada Venezuela cobraron fuerza el
lunes, pero nada indica que puedan poner en juego la continuidad del
presidente socialista Nicolás Maduro.
La violencia se apoderó la semana pasada de las protestas,
provocando tres muertos y cientos de heridos. El mandatario
responsabilizó al opositor Leopoldo López de los desmanes y las
autoridades emitieron una orden de captura en su contra.
Aunque el lunes las demostraciones transcurrieron sin
enfrentamientos, las tensiones aumentaron cuando el partido Voluntad
Popular, que preside López, denunció que un escuadrón de la policía
militar derribó las puertas de su sede en Caracas y lanzó gases
lacrimógenos.
Los efectivos militares se llevaron computadoras que contenían las
grabaciones de las cámaras de seguridad, según el partido, en busca de
dirigentes opositores.
"Rompieron la puerta y se llevaron la computadora donde están
registradas las imágenes de las cámaras de seguridad", dijo a Reuters
Alfredo Jimeno, concejal del partido.
Jimeno, que estaba en las oficinas cuando comenzó el allanamiento,
dijo que antes de que llegaran las fuerzas de seguridad un grupo armado
no identificado causó destrozos y amenazó a los empleados.
No fue posible obtener comentarios del Gobierno de inmediato sobre la denuncia.
Un grupo de militares ya había ingresado días atrás a la sede del
partido en busca de López, quien está oculto desde que se ordenó su
arresto bajo cargos de "homicidio" y "terrorismo".
Pero el dirigente opositor prometió entregarse el martes después de una marcha a la que convocó en el centro de Caracas.
"Venezolanos, vengan a Caracas. Marcharemos al MIJ (ministerio del
Interior y Justicia) desde Chacaíto. Está notificada. No necesitamos
permisos. Los derechos no se negocian", escribió López el lunes en su
cuenta de Twitter.
Las autoridades de la ciudad advirtieron que la demostración de la
oposición no está autorizada. Y el gobierno de Maduro desafió a López,
llamando el lunes a sus seguidores a congregarse en una céntrica plaza
que queda en el camino de la planeada marcha opositora.
Los choques entre oficialistas y opositores han dejado en la última
semana cientos de heridos y destrozos en oficinas públicas de Caracas y
otras ciudades.
"LLUEVA, TRUENE O RELAMPAGUEE"
Miles de estudiantes marcharon el lunes hacia la sede del supervisor
estatal de las comunicaciones, Conatel, para denunciar un supuesto
"apagón mediático" que sacó del aire a un canal de noticias colombiano
que transmitió las protestas e hizo difícil, también, visualizar
imágenes a través de Twitter.
Sin embargo, la manifestación se dispersó unas cuadras antes de
llegar a destino por la fuerte presencia policial que incluía tanquetas y
contingentes fuertemente armados.
En otras ciudades, cientos de manifestantes colmaron plazas y
avenidas reclamando la libertad de decenas de personas que, dicen, aún
permanecían detenidas.
"No abandonaremos las calles mientras existan objetivos por los
cuales luchar", dijo el líder estudiantil Juan Requesens en Caracas,
donde las protestas ya llevan seis días.
"Se dejará la calle en el momento en que cesen las colas, el
desabastecimiento, la inseguridad", añadió antes de que dispersaran a
sus compañeros con gases lacrimógenos.
Venezuela está partida casi a dos entre quienes defienden a capa y
espada los millonarios planes sociales del Gobierno que han beneficiado a
buena parte de la población, y los que quieren un cambio de rumbo,
cansados de la vapuleada economía y de la galopante delincuencia.
"Llueva, truene o relampaguee, el fascismo no vuelve a entrar a
Caracas", dijo Maduro el domingo en un discurso en cadena nacional.
"Caracas lo hemos declarado territorio libre de fascismo"
PRUEBA DE FUERZA
Los disturbios generaron inquietud en el continente, tanto de
aliados de Venezuela como de su rival ideológico, Estados Unidos. El
Departamento de Estado estadounidense dijo estar "preocupado" por la
tensión que reina en las protestas.
Maduro, heredero político del fallecido Hugo Chávez, asegura que
Washington confabula con la oposición para derrocarlo, por lo que
expulsó del país a tres funcionarios de la embajada estadounidense y les
dio 48 horas para que abandonen Caracas.
El gobierno estadounidense rechazó las acusaciones.
Los manifestantes -la mayoría universitarios- siguen firmes en las
calles y aseguran que no se irán a casa hasta que Maduro renuncie. No
hay, sin embargo, señales de que ello ocurra.
"Las divisiones en la oposición así como la todavía alta popularidad
de Maduro hacen improbable que las protestas opositoras sean capaces de
desafiar la estabilidad del gobierno", dijo el banco de inversión
Merril Lynch a clientes.
Las protestas son la última pulseada entre el presidente y la
oposición, que se queja de la alta inflación -que cerró el año en un 56
por ciento-, la escasez de productos básicos y uno de los peores índices
de criminalidad en el mundo.
Maduro, un ex sindicalista de 51 años, sospecha que las
manifestaciones buscan reeditar el libreto del breve golpe de Estado que
su mentor Chávez sufrió en el 2002.
Pero la oposición asegura que lo que busca es un referendo revocatorio de su mandato, contemplado en la Constitución.
Las manifestaciones expusieron una fractura dentro de la oposición,
donde el mayoritario sector moderado liderado por el dos veces candidato
presidencial Henrique Capriles sostiene que la violencia sólo favorece
al Gobierno.
"Acompañamos la protesta sin violencia", escribió Capriles en una
carta pública. "No permitamos que la violencia nos lleve a un callejón
sin salida. No perdamos el foco".
(Reporte adicional de Liamar Ramos, Carlos García y Girish Gupta en Caracas, y Javier Faría en
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