Las denuncias de que República Dominicana es un
país racista y violador de los derechos humanos de los inmigrantes
haitianos se remonta a los finales de la década de los 80, aunque es a
raíz de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que este tipo de
acusaciones cobra mayor cobertura y notoriedad a nivel nacional e
internacional.
El Nuevo Diario dio un vistazo a los informes del
Departamento de Estado de los Estados Unidos, a partir del 1989,
descubriendo que desde entonces los dominicanos son presentados ante el
mundo como los “verdugos” de los haitianos en cuestiones de derechos
humanos.
La acusación contra el país ha sido reiterativa y
sistemática en los informes que el Departamento de Estado norteamericano
envía a las Comisiones de Relaciones Exteriores. tanto del Senado como
de la Cámara de Diputados del Congreso de los EEUU, cuyos contenidos
generales se refieren a la situación de los derechos humanos en el país,
y que la embajada norteamericana reproduce en su página web, y
corresponden a los años 1989, 1993, 1994, 2004, y 2012, en posesión de
este periódico.
En esos informes, el Departamento de Estado trata
el problema haitiano como si República Dominicana fuera un país de
gente blanca, y que como tal los dominicanos rechazan y maltratan a una
minoría negra que representan los haitianos.
El organismo estadounidense, igualmente, hace
creer que aquí también hay un rechazo y maltrato contra los propios
dominicanos de piel oscura, quienes supuestamente no tienen derecho ni a
abrir una cuenta bancaria por ser negro, ni a enviar sus hijos a la
escuela.
Por ejemplo, en el 1989 Estados Unidos describió y
presentó ante la comunidad internacional a una República Dominicana con
una gran variedad de prejuicios contra los haitianos, traducidos en la
discriminación contra aquellas personas con piel más oscura (es decir,
que aparentan haitianos).
“Debido a las actitudes prejuiciosas, los hijos de
esas personas a menudo no pueden obtener documentos que prueben su
ciudadanía y, por tanto, no pueden asistir a la escuela. No hay
evidencia de que los hijos de ciudadanos dominicanos de ascendencia
haitiana han sido incapaces de obtener dicha documentación o asistir a
la escuela”, decía EEUU en el 1989.
Cuatro años más tarde, en el 1993, el mismo
Departamento de Estado repetía que en la sociedad dominicana existía
entonces un fuerte prejuicio contra los haitianos, muchos de los cuales
son inmigrantes indocumentados, y que constituyen un porcentaje
significativo de la fuerza laboral no especializada en República
Dominicana.
De manera textual añadía: “A menudo este prejuicio
se traduce en discriminación de facto contra quienes tienen una piel
más oscura. El gobierno no ha reconocido la existencia de esta
discriminación ni ha hecho ningún esfuerzo para combatirla”.
Ese mismo documento agregaba que “fuentes
fidedignas aseguran que es una vieja práctica gubernamental impedir que
sean reconocidos como ciudadanos dominicanos los haitianos nacidos en la
República Dominicana”.
También denunciaba que la falta de documentación
impide la posibilidad de que niños de ascendencia haitiana asistan a la
escuela, mientras algunos padres no buscan la documentación necesaria
por temor a ser deportados ellos mismos.
En el reporte del año siguiente, 1994, el gobierno
estadounidense volvía a iniciar su informe con la repetida acusación de
prejuicio, y en esta ocasión añadía al mismo un ingrediente político,
cuando decía que “el partido del presidente Balaguer (Reformista Social
Cristiano) trató de socavar la posición del candidato del PRD (José
Francisco) Peña Gómez caracterizando la piel oscura de este último como
un atributo haitiano”.
Seis años después, en el 2000, el informe
presentado por el Departamento de Estado no tiene innovación en su
introducción, pues repite la misma acusación de “fuerte prejuicio” de
los dominicanos, afirmando esta vez que esa situación crea desventajas
para muchos haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana, al igual
que otros extranjeros.
Precisa que el esfuerzo del gobierno por detener
el flujo de haitianos inmigrantes dificulta que aquellos que ya residen
en el país, vivan en paz.
“Las regulaciones policíacas amenazan a quienes
ofrecen transporte a inmigrantes ilegales con la confiscación de sus
vehículos, y ha desanimado a los conductores de taxis y guaguas a
recoger a personas de piel escura”, sostiene el informe de entonces.
De manera particular ese informe decía que unos
500 mil inmigrantes haitianos (estadísticas de entonces) viven en los
bateyes, sean o no de los ingenios, en condiciones precarias, con
electricidad limitada, sin agua potable y sin escuelas.
Sin embargo, ese mismo documento consignaba que
“como muchos padres haitianos nunca han tenido documentación de su
propio nacimiento, no pueden demostrar su propia ciudadanía. Como
resultado, no pueden declarar los nacimientos de sus hijos en el
registro civil y así establecer ciudadanía dominicana para sus
descendientes.”
En el 2004 ya el Departamento de Estado de los
Estados Unidos empezó a identificar lo que ya antes llamaba sus
“fuentes fidedignas”, citando a organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos, la Iglesia Católica y los activistas como los sectores
dominicanos que al menos en el informe correspondiente a ese año,
describen “las condiciones de vida de los haitianos en los bateyes como
la esclavitud del mundo moderno”.
De manera específica dicho informe denunciaba una
supuesta ordenanza que permitía la asistencia a la escuela de niños no
documentados hasta el quinto curso; “sin embargo, algunos documentados,
en particular a los haitianos”.
“Las ONG’s denunciaron que a los niños
indocumentados haitianos se les impedía registrarse en las escuelas en
un mayor grado que aquellos niños dominicanos que tampoco tenían ninguna
documentación”, consigna el informe del 2004.
El último informe conocido del Departamento de
Estado de los Estados Unidos, referente a los derechos de la población
haitiana radicada aquí, fue dado a conocer en el 2012, el cual afirma
que los problemas más graves fueron la discriminación contra los
inmigrantes haitianos y sus descendientes, incluyendo la aplicación
retroactiva de la política de inmigración de apatridia de facto para las
personas que han vivido en el país durante generaciones.
Añade otros alegados abusos en los casos de
deportaciones “ilegales” y habla del trato degradante de los prisioneros
y redadas masivas que se utilizaron como oportunidades de extorsión.
Solidaridad con hechos, no palabras
Los dominicanos pudieron demostrar, no decir, que
es un pueblo solidario con los haitianos, como quedó manifestado a raíz
del terremoto que diezmó ese país en el 2010.
El país se desbordó en ayuda material y además fue
un aliado moral de Haití, convirtiéndose en plataforma y estructura
para recibir, procesar y llevar a los haitianos la ayuda proveniente del
exterior.
Después del terremoto de 2010, los puertos y
carreteras dominicanas han servido para suplir a Haití de mercancías
provenientes de otros países, sin costo alguno para el vecino país.
“Después del terremoto Haití se quedó sin puertos
marítimos, y todas las mercancías desde 2010 destinadas al mercado
haitiano, entran (entraron) por los puertos de la República Dominicana.
El año 2012, para ser específico, 11,676 furgones de mercancías entraron
por los puertos de Santo Domingo y transitaron por las calles del país
para ir en auxilio de Haití”, dijo textualmente en Cuba, Danilo
Medina.
Cifras y datos que contradicen informes
Las supuestas vejaciones y prejuicios de
dominicanos contra los haitianos que alegan los informes del
Departamento de Estado Norteamericano entran en franca contradicción con
los siguientes datos (cifras del Gobierno):
El 13% de los partos en hospitales públicos son de
madres haitianas, lo que significa un gasto de más de más de 5 mil
millones de pesos al año para el Estado dominicano.
Cerca de 51 mil haitianos estudian en la República
Dominicana, 36 mil de los cuales asisten a las escuelas nacionales sin
requerírseles ningún documento.
Asimismo, 54 mil estudiantes haitianos reciben
educación en suelo dominicano, 36 mil están en las escuelas públicas, 15
mil van a universidades y muchos de ellos son también beneficiados con
becas.
Haitianos abundan en el ámbito laboral
En República Dominicana alrededor de 80 de cada 100 trabajadores de la construcción son nacionales o descendientes de haitianos.
Lo mismo ocurre en el sector agropecuario, donde un 80% de la mano de obra es de procedencia haitiana.
Pero también –y así lo hizo destacar el Presidente
Medina en Cuba- la participación de los haitianos va en crecimiento en
el negocio del turismo.
Diálogo necesario entre dos vecinos
El pasado 7 de enero, los dos gobiernos iniciaron
un diálogo de temas bilaterales y de interés particular para Haití y
República Dominicana, logrando ya arrojar algunos resultados de
beneficio mutuo.
“No les quepa duda, lo que está teniendo lugar es
un diálogo entre buenos vecinos y el resultado final no será otra cosa
que un avance de los derechos humanos y la institucionalidad en la
región del Caribe”, dijo Medina en Cuba.
Realmente, ¿Cuántos son?
Varias decenas de miles de extranjeros,
esencialmente haitianos o sus descendientes, viven en un limbo jurídico,
ya que no tienen estatus definido.
El registro civil dominicano tiene 56 mil
nacionalidades diferentes, de los cuales 42 mil son haitianos, 29 mil
con nacionalidad regular, mientras 13 mil no la han podido obtener por
vía normal, según datos aportados por la Junta Central Electoral.
En República Dominicana viven cerca de un millón
de haitianos y alrededor del 90 por ciento de estos no tiene ningún tipo
de documento.
¿Fuentes creíbles?
En los informes del Departamento de Estado
norteamericano se puede destacar que están argumentados con
informaciones no confirmadas y de entidades y grupos ya prejuiciados,
como es el caso de los sacerdotes jesuitas y las organizaciones no
gubernamentales pro haitianas.
Aunque también recogen datos que suministran la
Organización de Estados Americanos (OEA) y la ACNUR-ONU, organismos que
igualmente son “alimentados” por los jesuitas y las ONG’s que trabajan
por los haitianos.
Autoridades haitianas reconocen
“Los hijos de padres haitianos nacidos en
República Dominicana son haitianos”, había afirmado el embajador de
Haití, Fritz Cineas, según recoge el periódico Hoy de fecha 30 de agosto
del 2007.
En ese mismo orden, y cinco años hacia atrás, el 8
de mayo del 2002, el entonces embajador Guy Alexandre expresó que todos
los hijos de haitianos son considerados haitianos en la Constitución y
el Código de Nacionalidad de su país.
El planteamiento de apatridia que tanto se maneja
ahora, apareció por primera vez en los Informes del Departamento de
Estado Norteamericano, mismo argumento que utilizan las ONGs y otros
grupos para descalificar la sentencia del TC y decir que la misma crea
esa condición de paria.

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