JUSTICIA
La Primera Sala de la Corte de Apelación de
Distrito Nacional, fue apoderada este miércoles de un recurso de
apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la decisión del
juez de la Oficina de Atención Permanente que emitió libertad pura y
simple a Andres Eduardo Massanet Martínez, a quien les incautaron 500 mil
dólares dentro una jeepeta Porsche Cayenne, hecho ocurrido el pasado
17 de febrero.
En ese sentido, la Corte tendrá que fijar la fecha
para conocer el recurso que presentó el ministerio publico contra la
resolución número 668-2014-0455, emitida por el juez Vargas que
favorece con libertad a Eduardo Andrés Massanet Martínez, sargento de la
Policía Nacional, que se le imputa lavado de activos provenientes del
tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas.
La Fiscalía interpuso el recurso, tras considerar
que es evidente que el juez no valoró la conducta del imputado de
conformidad a lo que establecen los hechos ni en coherencia con la
valoración armónica de las pruebas, ya que si hubiera tomado en cuenta
que el imputado se desplazaba en un vehículo de lujo con una alta suma
de dinero, unido a la interceptación de llamadas telefónicas en la que
se escucha hablar sobre transacciones, que se pueden establecer son del
narcotráfico, además de que ingresó a las filas de la policía para
facilitar sus actividades en el mundo del narcotráfico, otra hubiera
sido la decisión.
En tanto, el juez Vargas al emitir la decisión de
dejar en libertad y no imponerle una de las medidas cautelares al
alegar que no procede la restricción de los derechos fundamentales de
Massanet Martínez, con la promesa de presentar todos los requerimientos
que se le formulen, porque a su juicio el Ministerio Público no presentó
pruebas que configuren los elementos del tipo de lavado de activos que
se arguyen.
Además, plantea que la posesión “per se” de dinero
no constituye infracción penal en República Dominicana y de modo
alguno, de las transcripciones de las escuchas telefónicas practicadas
con autorización judicial a la comunicación del imputado no pueden
deducirse consecuencias que lo vinculen con una supuesta red de
narcotráfico como sostiene el Ministerio Público.
Agregó que el ministerio Público no aporte ningún elemento probatorio del hecho que se le vincula al impetrante.
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