MIGRACIÓN
SANTO DOMINGO.- Manifestaciones y pronunciamientos en contra de la
decisión de la República Dominicana de repatriar a los haitianos que
residen ilegalmente en su territorio y no se acogieron a un “Plan de
Regularización de Extranjeros”, se han producido en las últimas horas
en distintas localidades del extranjero.
Han tenido lugar a pesar de que el Gobierno de la República
Dominicana ha garantizado repetidamente que no hará deportaciones
masivas y que respetará los derechos humanos de quienes no se hayan
acogido a un Plan de Regularización de Extranjeros, el cual fue iniciado
hace 18 meses.
Precandidato pide Estados Unidos “eleve su voz”
De los pronunciamientos, el más contundente fue emitido por
el precandidato demócrata a la Presidencia de los Estados Unidos, Martin
O’Malley, quien denunció la situación de miles de haitianos en
República Dominicana e instó a que el Gobierno estadounidense eleve su
voz al respecto.
En un artículo en el diario The Huffington Post, O’Malley alertó
sobre las implicaciones que tendrían las deportaciones “masivas” y
advirtió que serían una afrenta aborrecible para los derechos humanos,
por uno de nuestros vecinos más cercanos”.
“En lugar de estar en silencio, Estados Unidos debe trabajar con
nuestros aliados en la región y las Naciones Unidas, al tiempo que debe
usar toda la fuerza de nuestra diplomática para poner fin a esta
injusticia”, indicó.
“Los países que no respetan las normas internacionales serán juzgados
a los ojos del mundo, y deben rendir cuentas”, reiteró O´Malley, quien
es uno de los rivales de Hillary Clinton, favorita a ganar las primarias
por su partido.
O’Malley, quien fuera gobernador del estado de Maryland, es
reconocido por sus esfuerzos a favor de los inmigrantes y por su fuerte
compromiso con las relaciones exteriores hacia América Latina.
“Este es un paso crítico que debemos tomar para sanar las relaciones
en nuestro propio hemisferio, no solo con la renovación de nuestro
enfoque sobre la región, sino también mediante el examen de las
políticas que hemos abrazado en casa y en el extranjero, algunos de los
cuales han disminuido nuestro respaldo a nuestros vecinos más cercanos”,
agregó el precandidato.
Alcalde de Nueva York “preocupado”
El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo estar “preocupado” por
las deportaciones que ha anunciado el gobierno dominicano y pidió al
presidente Danilo Medina que garantice el respeto a los derechos humanos
de los eventuales repatriados, en virtud del derecho internacional”.
En un comunicado de su despacho enviado la tarde de este miércoles 17
de junio, De Blasio, quien es de origen italiano y se define como un
gran amigo de los inmigrantes de todo el mundo, sostuvo que “también
hago un llamado al gobierno para evitar lo inevitable y no cometer
errores, evitar peligros de humillación y la remoción por la fuerza de
los haitianos de sus hogares”.
Dijo que “las personas más afectadas por esta acción son los
haitianos nacidos en la República Dominicana y que están siendo
injustamente despojados de su nacionalidad y condición jurídica, sólo a
causa de su patrimonio”.
El funcionario recordó que “la Declaración Universal de los Derechos
Humanos establece que la nacionalidad es un derecho básico de todos los
individuos”.
Dijo que “como el alcalde de una ciudad orgullosa de los inmigrantes,
hogar de grandes diásporas dominicanas y haitianas, mantenemos los
derechos humanos internacionales, y esperamos ver una resolución
compasiva y humana a esta alarmante situación”
.
Manifestación en Puerto Rico
SAN
JUAN, Puerto Rico (Por AWILDA GOMEZ).- Un grupo de personas del
proyecto Feminista en Construcción realizó ayer una manifestación de
repudio al Estado Dominicano por la repatriación de los haitianos
indocumentados que residen allí.
Vanessa Contreras, vocera del movimiento feminista, indicó que “los
gobiernos de turno han utilizados a la población migrante más
vulnerables para responsabilizarlos de los problemas del país y en
tiempo de crisis el acoso a esta población se agudiza”.
“Exigimos que se reconozca la nacionalidad dominicana de las y los
dominicanos de ascendencia haitiana y se respeten los derechos de los
trabajadoras haitianos que serán expulsados, la gran mayoría tras una
vida de trabajo en condiciones de esclavitud moderna en la República
Dominicana, en las cuales no se les respeta el derecho a una pensión por
años trabajados”, dijo Contreras.
Señaló que decenas de miles de personas sometieron su documentación
para acogerse a un plan de regularización que tiene muchas
irregularidades y falta de organización. “Miles de personas no han
podido entrar a los espacios donde se están llevando a cabo
los procesos de regularización y se ha generado una situación caótica
con visos de brutalidad policial”, alegó.
“De
la misma forma que despreciamos la xenofobia en Puerto Rico en contra
de la población dominicana y repudiamos las leyes anti inmigrantes de
Estados Unidos, rechazamos la ley 169-14 que demuestra, una vez más el
racismo que existe entre pueblos que incluso comparten una misma isla y
cuyas historias y culturas han estado siempre entrelazadas”, expresó
Vanesa.
Puntualizó que en un momento donde en muchos países de América Latina
se está impulsando la hermandad y la solidaridad entre pueblos, hasta
el punto de crear una ciudadanía suramericana, es insólito que el
gobierno de la República Dominicana se esté comportando como cualquier
otro país imperialista.
La activista comunitaria Hilda Guerrero, del Movimiento Comuna
Caribe, se unió a esta manifestación e indicó que es urgente repudiar y
cuestionar un nacionalismo que divide y unas fronteras artificiales que
degradan. “Migrar es un derecho humano, y eso lo sabemos muy bien en
Puerto Rico en donde cada año se van más personas de la isla buscando
una mejor calidad de vida digna no debe tener fronteras, no sobran
emigrantes sobran racista”, agregó.
Creen 500 mil no se han “regulado”
Ayer concluyó un plazo para que los extranjeros se acogieran a un
Plan de Regularización de Extranjeros en República Dominicana. Algunas
organizaciones calculan que entre 250.000 y 270.000 indocumentados se
han inscritos en el plan a pesar de que en el país viven más de 500.000
extranjeros irregulares, una cifra que algunos sectores elevan hasta el
millón.
Organizaciones no gubernamentales y asociaciones en defensa de los
De
rechos Humanos han manifestado su preocupación por el asunto, una
situación que se desató tras un fallo del Tribunal Constitucional
dominicano en 2013 que desencadenó que dichos ciudadanos nacidos en
suelo dominicano vivieran como apátridas.
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