INTERNACIONALES
México, (EFE).- El anuncio del fiscal
general de México, Jesús Murillo, de que, según testimonios de tres
detenidos, los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre fueron
asesinados por delincuentes no reconoce que se trata de un "crimen de
Estado", lamentó hoy Amnistía Internacional (AI).
La organización defensora de los derechos humanos
indicó en un comunicado que las líneas de investigación de la
desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales en relación con los
hechos del 26 de septiembre en el municipio mexicano Iguala, en el
estado sureño de Guerrero, "han sido limitadas e incompletas".
Asimismo, deploró que en este caso haya
"funcionarios que se rehúsan a cuestionar la colusión entre el Estado y
el crimen organizado que subyace a estas graves violaciones a los
derechos humanos".
En una conferencia de prensa en la capital
mexicana, Murillo dijo que se trata de un "caso típico de desaparición
forzada" y si los jóvenes están muertos entonces "es un homicidio". "Un
crimen de Estado es una cosa mucho mayor", añadió.
El fiscal dijo que los 43 estudiantes de la
Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron detenidos por policías y
entregados al cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y quemaron
para no dejar rastros, según el testimonio de tres detenidos que
participaron en los hechos.
"Trágicamente, la desaparición forzada de los
estudiantes es sólo el último de una larga serie de horrores que han
sucedido en el estado de Guerrero y el resto del país", dijo Erika
Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.
Añadió que "la corrupción y la violencia como
señales de advertencia han estado allí para que todos las vean desde
hace años, y los que negligentemente las han ignorado son ellos mismos
cómplices de esta tragedia".
Amnistía indicó que en su informe de hoy, Murillo
"ha fallado en reconocer que se trata de un crimen de Estado y no de un
hecho aislado".
"También olvidó mencionar la negligencia y
complicidad del Estado en la investigación de una serie de denuncias
contra el (entonces) alcalde de Iguala," José Luis Abarca, "el principal
sospechoso de la desaparición forzada de los estudiantes" y de otros
delitos graves", apuntó.
La organización recordó que el presidente Enrique
Peña Nieto ha prometido a los familiares de los estudiantes llevar la
investigación hasta sus últimas consecuencias, pero lamentó que sus
acciones demuestren lo contrario.
"El Gobierno mexicano no ha aceptado la asistencia
técnica ofrecida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos",
refirió AI, y señaló que "en medio de esta profunda crisis de derechos
humanos" Peña Nieto iniciará una gira internacional, "demostrando poco
interés en hacer frente a la grave situación" en México.
"Es obligación de las autoridades llevar ante la
justicia a todos aquellos que trabajan a nivel estatal y federal que son
cómplices de estas graves violaciones a los derechos humanos, así como
aquellos que han descuidado sus deberes en la investigación de estos
hechos", dijo Guevara. EFE
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