Por Ana Isabel Martinez
MÉXICO DF (Reuters) - Las autoridades de México
capturaron a un exalcalde prófugo y a su esposa bajo sospecha de ser los
autores intelectuales de la desaparición de 43 estudiantes, un caso que
ha sacudido al Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y expuesto
los fallos de su estrategia de seguridad.
Efectivos de la Policía Federal detuvieron al exalcalde
de la ciudad de Iguala José Luis Abarca y a su esposa, María de los
Ángeles Pineda, en una casa humilde de Iztapalapa, una de las zonas más
pobres de la Ciudad de México, detalló un portavoz de la fuerza.
Ambos habían desaparecido a finales de septiembre, días
después de que los estudiantes, pertenecientes a una escuela rural de
magisterio, fueran secuestrados por policías municipales de Iguala y
sicarios del crimen organizado por orden del alcalde, según
investigaciones de la fiscalía federal.
Criminales detenidos en las semanas siguientes a la
desaparición señalaron a la esposa de Abarca como la principal operadora
del grupo criminal Guerreros Unidos, una escisión del otrora poderoso
cártel de los Beltrán Leyva.
Peña, bajo una gran presión para dar resultados en la
investigación sobre los estudiantes, felicitó a los cuerpos de seguridad
por la captura.
"Yo espero que esta detención contribuya de manera
decisiva al esclarecimiento y a la investigación que está realizando la
Procuraduría General de la República (fiscalía)", dijo Peña durante un
acto público.
Abarca y su esposa están declarando ante la
subprocuraduría de delincuencia organizada en la Ciudad de México. El
exalcalde también es sospechoso de haber asesinado a un activista en
Iguala.
El Gobierno todavía está buscando a los estudiantes,
que se teme pudieron haber sido masacrados, en la que se ha convertido
en la peor crisis política de Peña en sus casi dos años de gestión.
AUTORIDADES Y NARCO
La desaparición de los jóvenes también manchó al
izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), una de las dos
mayores fuerzas opositoras del país que gobierna en Guerrero, donde se
ubica Iguala. El gobernador Ángel Aguirre renunció hace dos semanas,
presionado por la crisis.
El PRD pidió perdón por haber impulsado a Abarca hasta
la alcaldía de Iguala, lo que dejó al desnudo el grado de infiltración
que tienen entre las autoridades los cárteles del narcotráfico, que
también se dedican a secuestros y extorsiones.
Abarca "es la pieza más significativa de la
investigación para esclarecer e ir a profundidad en la búsqueda de los
muchachos y aclarar los lamentables sucesos del 26 de septiembre en
Iguala", dijo el gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega, a la
radio W.
Las autoridades han anunciado la detención de más de 50
personas -entre policías y criminales de Guerreros Unidos- que
confesaron haber secuestrado a los estudiantes y la fiscalía ha
encontrado varias fosas con cuerpos, pero aún no se conoce el paradero
de los jóvenes.
Aunque peritos de la fiscalía federal y enviados del
reconocido Equipo Argentino de Antropología Forense están tratando de
identificar 38 cuerpos hallados en las afueras de Iguala, todavía no han
dado a conocer si se trata de alguno de los estudiantes desaparecidos.
El caso ha
conmocionado a la nación, azotada por el crimen organizado. Miles de
personas se han manifestado en Guerrero, en otros estados del país y en
Ciudad de México pidiendo que los estudiantes aparezcan con vida y que
los responsables reciban castigos.
Más de 100.000 personas han muerto desde principios de
2007, cuando el expresidente Felipe Calderón decidió lanzar al Ejército y
policías federales a las calles para combatir al crimen organizado,
provocando fracturas en los grandes cárteles y mayores enfrentamientos.
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