SANTO DOMINGO.- Luego del pronunciamiento de
varios sectores a favor y en contra de la modificación del Código Penal
Dominicano, el presidente Danilo Medina devolvió este viernes con
observación el proyecto de ley que modifica la legislación, en lo
referente a los artículos 107, 108, 109 y 110, del capítulo uno del la
pieza relativos a la tipificación penal de la interrupción del embarazo.
En una comunicación dirigida al presidente la
Cámara de Diputados, Abel Martínez, el jefe del Estado pidió al
congresista que acoja la observación en el más breve plazo.
Especifica que el artículo 107 del proyecto de ley
no satisface las exigencias que se derivan del principio de legalidad
uno de los elementos de la cláusula de "constitucional del estado
derecho".
La comunicación refiere, además, que “En el caso
de la interrupción del embarazo como figura penal esa ausencia de
precisión es palpable ya que no se indica en su contenido aquellas
situaciones excepcionales que ponen en juego derechos fundamentales de
mujeres embarazadas como lo constituyen el derecho a la vida y la salud,
el derecho de su integridad humana, síquica y moral, constituirían
auténticas situaciones eximentes de responsabilidad penal”.
En los últimos días diferentes sectores se habían
pronunciado a favor y en contra de la promulgación del proyecto de Ley
que modifica el Código Penal Dominicano.
Organizaciones feministas pedían la observación de
la pieza porque en la misma se penaliza el aborto, mientras que las
iglesias católicas y evangélicas recomendaron al Ejecutivo su
promulgación.
En la comunicación que motiva su observación, el
mandatario deplora que República Dominicana se encuentra dentro de los
países de la región con mayor tasa de mortalidad materna, atribuido,
principalmente a las prácticas inseguras de interrupción del embarazo.
Además, refieres que “somos uno de los países de
América Latina con mayor cifra de embarazos en niñas y adolescentes;
embarazos que no solo son de alto riesgo para la salud de la madre, sino
que esconden a menudo situaciones de abuso y violación”.
En consecuencia, reconoce que esos factores antes
citados plantea al país un problema de salud pública de primer orden,
que por demás afecta de manera desproporcionada a las mujeres de escasos
recursos.

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