POLITICA
SANTO DOMINGO, - El gobierno de Haití expresó su
esperanza de que las autoridades dominicanas tomen en cuenta la reciente
decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que
sancionó una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el derecho a la
nacionalidad en República Dominicana, y que supuestamente afecta a
miles de dominicanos de ascendencia haitiana.
El canciller haitiano Duly Brutus, en una rueda de prensa en la
oficina del primer ministro Laurent Lamothe, pidió evitar que se haga
“de éste un asunto bilateral” ya que las personas afectadas por la
medida “son dominicanos”.
Sin embargo, el jefe de la diplomacia haitiana dijo que, por su
calidad, se trata de un asunto que “interpela a los organismos
internacionales y a las organizaciones defensoras de los derechos
humanos”.
El fallo del TC
El TC falló esta semana contra la permanencia de República Dominicana
en la CIDH, al considerar que el instrumento de aceptación de la
competencia de ese organismo suscrito en febrero de 1999 por el entonces
presidente dominicano Leonel Fernández, no fue ratificado por el
Congreso de la República.
La sentencia se dio a conocer días después de que la Corte exigió al
Estado dominicano que acate un reciente fallo del organismo concerniente
a supuestas “expulsiones sumarias” ejecutadas en el país hace quince
años en perjuicio de dominicanos de ascendencia haitiana, pero el
gobierno dominicano desoyó el llamado.
La CIDH reclamó además al gobierno dominicano que evite los alcances
de la sentencia 168-13 del TC sobre la nacionalidad y los de la ley
169-14 que establece un régimen especial para personas nacidas en el
país e inscritas de forma irregular, y de naturalización.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) también
condenó esta semana la sentencia 256-14 del Tribunal Constitucional, al
señalar que ésta “no encuentra sustento alguno en el derecho
internacional, por lo cual no puede tener efectos” jurídicos.
Brutus participó el pasado viernes en una reunión encabezada por el
presidente haitiano Michel Martelly para analizar la situación de la
diáspora haitiana en varios países de la región, incluyendo en las
Bahamas, cuyo gobierno aplica una nueva norma migratoria que afecta a la
comunidad haitiana según organizaciones internacionales.
Haití, de hecho, convocó el viernes a su embajador en Bahamas
preocupado por el trato que vienen recibiendo inmigrantes haitianos
radicados en ese país.
Bahamas lanzó este mes una nueva ley de migración que establece
nuevas condiciones para la permanencia de extranjeros en el país, como
el hecho de que sólo los hijos de inmigrantes legalmente en ese país
podrán obtener permisos de residencia, de escolaridad y de trabajo.
Además, el gobierno bahameño ya no aceptará más solicitudes de visas
de trabajo cuyos solicitantes residan de manera irregular en el país,
que también exige a los residentes de otros países portar en todo
momento sus documentos de identidad.
“En el marco de una buena cooperación entre los dos países, las
autoridades bahameñas deben dar un trato decente a los haitianos”, dijo
el canciller de Haití, que el jueves se reunió en Puerto Príncipe con el
embajador de Bahamas en su país para informarle la posición del
gobierno haitiano respecto al tema.
Brutus, que destacó el reconocimiento de su país a la soberanía de
Bahamas para aplicar sus leyes, también manifestó que las autoridades
haitianas se encuentran en “plena consulta” para reflexionar sobre las
estrategias que adoptarán en este caso.
Medios haitianos informaron esta semana que haitianos indocumentados,
incluyendo niños, fueron detenidos en redadas y llevados a celdas para
su posterior deportación, hecho que el canciller haitiano condenó.
El primer ministro haitiano Laurent Lamothe dijo el jueves que su
gobierno estaba presto a garantizar los “derechos de sus compatriotas y
de sus descendientes”, pero no mencionó si se refería a las nuevas
políticas migratorias aplicadas por el gobierno bahameño.
“Como con toda política migratoria, nuestro gobierno está alerta y
concentrada en salvaguardar el derecho de haitianos y sus
descendientes”, afirmó Lamothe en su cuenta de Twitter, sin hacer otro
comentario.
Bahamas, una mancomunidad compuesta por cerca de 700 islas al norte
de Cuba, Haití y República Dominicana, es receptor habitual de
inmigrantes indocumentados haitianos que usan su territorio para tratar
de llegar a Estados Unidos.
A mediados del 2013, el presidente haitiano Michel Martelly y el
primer ministro de Bahamas, Perry Christie, trataron en Nassau la
situación de alrededor de 50.000 haitianos que viven en el archipiélago
bahameño, la gran mayoría en condición irregular.
El Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos
(RFK Center en inglés), una organización con sede en Washington (EEUU),
también ha expresado su alarma por el “uso discriminatorio” de las
nuevas políticas de inmigración en Bahamas, cuyas autoridades realizaron
redadas masivas y detenciones en enclaves haitianos a principios de
este mes.
La entidad agregó que informes recibidos desde Nassau, señalan que
también fueron apostados agentes de migración en los alrededores de las
escuelas públicas con una gran población de estudiantes nacidos de
padres inmigrantes.
“La estadidad es un derecho humano fundamental, pero estos informes
indican que el gobierno de las Bahamas lo considera como una herramienta
para la discriminación”, dijo Kerry Kennedy, presidente del RFK Center.
“Estas nuevas políticas significan que miles de niños en las Bahamas
ahora viven con el temor de arresto o deportación arbitraria. Las
Bahamas debe cumplir inmediatamente con su obligación de proteger a los
niños-sin importar su estado, y sin importar su origen étnico”, afirmó
el representante.
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