JUSTICIA
Santo Domingo.- El Juez de la Instrucción Especial
de la Suprema Corte de Justicia, Frank Soto Sánchez, ordenó el
levantamiento de la solicitud de oposición a los bienes muebles de la
empresa Rofi que había presentado la Procuraduría General de la
República.
“El desbloqueo de los bienes pertenecientes al
senador Félix Bautista, como accionista, junto a José Elías Hernández de
la empresa Rofi, debe hacerse de forma inmediata, porque estamos ante
un juez de solicitud de peticiones que está tutelando derechos
fundamentales”, aclaró el abogado de la barra de la defensa, Antonio
Delgado.
Informó que este miércoles serán notificados los
registradores de títulos de Santiago y el Distrito Nacional,
independientemente de que el Ministerio Público agote cualquier
instancia, para que se ejecute el desbloqueo de los bienes muebles.
La sentencia leída pasadas las siete de la noche,
destaca que al peticionario Félix Bautista se le violaron sus derechos
de propiedad y el debido proceso de acuerdo al artículo 169 de la
Constitución”
“El Ministerio Público lo que ha hecho es limitar
el derecho de propiedad a Félix Ramón Bautista Rosario por sus
oposiciones y objeciones, así como el “limitarle el pleno goce y
disfrute de los bienes a disposición”.
De acuerdo al artículo 26 del Código Procesal
Penal, en torno a la legalidad de la prueba, destacó que en el caso
conocido, el Ministerio Público tuvo una “acción indebida” en cuanto a
la presentación de las pruebas presentadas al tribunal, por lo que
procedió a rechazar la solicitud de pedimento de tales pruebas.
Carlos Castillo, representante del Ministerio
Público, al término de la lectura del fallo, solo se limitó a informar
que el procurador de la República, “en su momento ofrecerá una rueda de
prensa para externar su posición”. Mientras que, Antonio Delgado, dijo
que la decisión del juez de la Suprema ha reivindicado derechos
fundamentales”.
A juicio de Delgado, anoche el Ministerio Público
al oír la sentencia “pagó el derecho a su arbitrariedad, ha hecho una
investigación al margen del debido proceso y hoy quedan resaltadas las
actuaciones arbitrarias desplegadas en la sala de audiencia por el MP en
una investigación abusiva, clandestina e ilegal”.
Manifestó que “esta decisión, señala el cauce a
seguir porque todas las investigaciones que ha hecho el Ministerio
Público está totalmente viciada y demostró que actuó como si en la
República no existiera Constitución”.
Al citar la Constitución de la República, dijo que
en su artículo 69, establece tutela judicial efectiva y debido proceso,
la cual expresa que toda persona en pleno ejercicio e intereses
legítimos tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva con
respecto al debido proceso y a las garantías mínimas contenidas en dicho
artículo.
En su dispositivo la sentencia dice en su segunda
ordenanza: declarar como buena y válida en cuanto a la forma la
solicitud de levantamiento de nota de advertencia sobre inmuebles y/o
solicitud de oposición a venta y traspaso.
Se destaca durante el proceso cuatro audiencias,
tres reenvíos y una recusación al Juez Frank Soto Sánchez que provocó la
celebración del Pleno de la Suprema Corte de Justicia para rechazar
dicha recusación que le permitió al magistrado Soto Sánchez continuar
con el proceso y darlo por terminado esta noche a las 8:30 de la noche
con el levantamiento de los bienes del senador por San Juan de la
Maguana, Félix Bautista.
Domínguez Brito: “Destruimos la democracia”
El procurador general de la República, Francisco
Domínguez Brito, reaccionó ante la decisión tomada por el juez de la
Suprema Corte de Justicia, Frank Soto, en torno a la solicitud de
levantamiento de oposición interpuesta por el senador Félix Bautista.
En ese sentido el jefe del Ministerio Público
aseguró que con esas decisiones sin un régimen efectivo de
consecuencias, “estamos destruyendo nuestra democracia”.
“Le estamos dejando a nuestros hijos e hijas, una
cultura de impunidad y no tenemos el derecho de crear escenarios que
permitan que las próximas generaciones paguen las consecuencias de
nuestras irresponsabilidades”, manifestó.
Domínguez Brito expresó que la Judicatura no está
asumiendo el rol que le corresponde en la lucha contra la corrupción,
poniendo en juego el Estado de Derecho en República Dominicana.
“El Ministerio Público ha jugado y seguirá jugando
su rol de hacer prevalecer el imperio de la ley sin importan
investidura, clase social ni enllavaduras dentro del engranaje político
ni del Estado, a eso fuimos llamados y por eso hemos jurado al asumir
nuestros cargos, por lo tanto la sociedad espera de cada uno de los
componentes de este sistema, respuestas contundentes y responsables ante
estos actos de corrupción que van en detrimento de toda nuestra
nación”, expresó Domínguez Brito.
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