INTERNACIONALES
MADRID (Reuters) -
Agentes de Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil
registraban el martes la Diputación de Sevilla y preveían varias
detenciones en distintas provincias españolas en el marco de la llamada
operación "Madeja" contra la corrupción, informaron fuentes próximas a
la investigación.
La operación estaba dirigida por la magistrada del
juzgado de instrucción número 6 de Sevilla Mercedes Alaya, y según
informaron diversos medios se saldaba por el momento con unos 30
detenidos.
Las fuentes dijeron a Reuters que la operación está
abierta y que se llevarán a cabo registros en varias provincias, aunque
no confirmaron la cifra de arrestos.
La operación "Madeja", que se inició en julio de 2013,
investiga supuestos pagos de comisiones a técnicos y responsables
municipales por parte de empresas a cambio de adjudicaciones municipales
en la capital andaluza.
Ante el operativo, la Diputación de Sevilla emitió un
comunicado en el que informaba de que los registros se estaban
realizando en el despacho del jefe del servicio de Carreteras, dirigido
por Carlos Manuel Podio, al que se ha vinculado con la operación
"Madeja".
La Diputación, que dijo que pondría todos sus medios a
disposición de la juez Alaya para el esclarecimiento de los hechos,
sostuvo que tras esa vinculación había puesto en marcha una comisión
interna de investigación.
"El servicio de contratación de esta institución
concluyó que todas las tramitaciones de los expedientes de adjudicación
de contratos en el servicio de Carreteras son conformes a la normativa
estatal", dijo el comunicado.
Este caso surgió durante la investigación de la juez
Alaya del fraude en la concesión de Expedientes de Regulación de Empleo
(ERE) en Andalucía, uno de los mayores procesos por corrupción
desvelados en España en los últimos años.
El fraude investigado, que ha salpicado a altos cargos
de la Junta de Andalucía, se refiere a las subvenciones a las
prejubilaciones en cerca de 70 empresas y se estima que la cantidad
desviada de unos fondos creados para agilizar los ERE asciende a 136
millones de euros.
En otra gran
operación contra la corrupción en España, medio centenar de personas,
entre ellos varios alcaldes madrileños, fueron detenidos a finales del
mes pasado dentro de la operación "Púnica", que también investiga una
trama de corrupción municipal y regional.
La trama, que estaba infiltrada en varios ayuntamientos
principalmente de la Comunidad de Madrid, Murcia, León y Valencia,
firmó adjudicaciones públicas por valor de 250 millones de euros a
cambio de comisiones ilegales en los dos últimos años, según datos de la
Fiscalía Anticorrupción.
Ante los reiterados casos de corrupción conocidos en
los últimos meses, en un momento en el que los españoles siguen
sufriendo los rigores de una crisis que ha dejado a uno de cada cuatro
trabajadores sin empleo, los dos grandes partidos, PP y PSOE han sufrido
una caída drástica en su popularidad que se ve reflejada en los últimos
sondeos electorales.
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